21. El comercio exterior de la Nación debe orientase hacia el abastecimiento interno y la consolidación y diversificación de los mercados de importación y exportación, a fin de obtener términos de intercambio justos y equitativos.
22. Las actividades industriales de la Nación han de ser desarrolladas racionalmente y en particular aquellas que posibiliten el máximo aprovechamiento de los recursos naturales y de la producción primaria en condiciones estables de eficiencia técnica y económica.
23. La familia debe ser la primera escuela en el ciclo educativo nacional. La escuela debe ser un hogar para la niñez y la juventud. Los padres deben ser maestros de sus hijos. Los maestros deben ser un poco padres de sus alumnos.
24. El comercio interno será conducido por el Estado con intervención de las organizaciones económicas y sociales, a fin de lograr que los bienes de producción y de consumo lleguen a los usuarios oportunamente y por las vías más económicas.
25. La tierra es un bien individual en función social. Debe ser considerada bien de trabajo y no de renta o especulación. El Gobierno, el Estado y las organizaciones del Pueblo han de promover el acceso a la propiedad de la tierra por quienes la trabajan.
26. Las organizaciones económicas del Pueblo deben organizarse y desarrollarse libremente, con la sola condición de que concurran mediante su acción a la consolidación y defensa de la Independencia Económica y el desarrollo de la economía social, base material de la Justicia Social.
27. La acción económica en materia impositiva tenderá a lograr una equitativa distribución de las cargas fiscales en relación con la capacidad contributiva de la población, y a utilizar el impuesto como instrumento de gobierno al servicio de la Justicia Social y de la economía social del país.
28. La acción social en materia de vivienda deberá asegurar a los habitantes la posesión de una vivienda adecuada, higiénica y económica. La vivienda en su condición de propiedad individual tiene una función social que cumplir, y por ello ha de ser considerada bien de familia, garantizando el Estado su condición de tal.
